La provincia tiene 330 núcleos de población dispersos que verán incrementado el fondo de nivelación incondicionado
Las leyes de Autonomía Local de Andalucía y de participación de los en-tes locales en los tributos de la Comunidad autónoma “beneficiarán muy especialmente a los municipios granadinos por la particular composición territorial de la provincia”, según ha explicado hoy el delegado del Gobierno, Jesús Huertas.
La provincia consta de 330 núcleos dispersos que dificultan la presta-ción de servicios municipales y la normativa que promueve el Gobierno andaluz “supondrá un incremento del fondo de nivelación incodicionado para aquellos municipios con la singularidad de la dispersión de sus núcleos de población”, asegura Huertas.
El delegado puso como ejemplo el municipio de Moclín, el cual tiene 4.600 habitantes en 7 núcleos dispersos en un territorio de 113 kilómetros cuadrados y Loja, que con 22.137 habitantes, tiene 21 núcleos dispersos en un territorio de 454 kilómetros cuadrados.
El delegado del Gobierno, que ha comparecido hoy en rueda de prensa junto con el delegado de Economía, Manuel Gómez, para informar de los dos anteproyectos para la descentralización municipal que aprobó el martes el Consejo de Gobierno, ha recordado que la Junta lleva más de dos décadas impulsando medidas de apoyo a los ayuntamientos, destinadas a favorecer su liquidez, su solvencia y su estabilidad.
En este sentido, destacó que el Plan de Cooperación Municipal ha desti-nado este año a la provincia de Granada más de 170 millones de euros como aportación de las distintas Consejerías a las obras de inversión municipal y el Fondo de Nivelación Municipal aportó a los ayuntamientos granadinos 23,4 millones en 2008 y 26,9 en 2009. “A esto hay que sumar los 42 millones que el Gobierno andaluz invierte en obras de los municipios de la provincia a través del plan Proteja.
Por su parte, el delegado de Economía, Manuel Gómez, resaltó que este año la Junta destina más de 1,8 millones de euros al saneamiento financiero de los municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes como Albolote, Gua-dix, Illora, La Zubia, Maracena, Salobreña y Santa Fe y recordó las medidas extraordinarias de colaboración financiera con las corporaciones locales.
El delegado del Gobierno, Jesús Huertas aseguró que los anteproyectos significarán un antes y un después en el nuevo modelo de administración local y que los 168 ayuntamientos granadinos van a conseguir aquello que siempre han demandado, “que es más autonomía local, menos tutela de las administraciones, más financiación incondicionada, más capacidad de organización y más corresponsabilidad”.
El primero de los anteproyectos, relativo a la futura Ley de Autonomía Local de Andalucía, establece una nueva arquitectura municipal en la Comuni-dad al fijar las competencias propias de los ayuntamientos y diputaciones y otorgarles mayor capacidad de autogobierno.
Los ayuntamientos pasan de ser meros administradores a tener capaci-dad de definir y ejecutar políticas públicas propias y diferenciadas. Con este objetivo, se fijan las competencias y se refuerza la financiación incondicionada.
En cuanto al anteproyecto de la ley reguladora de la participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma, fijará la colabo-ración financiera con los municipios, así como los criterios de distribución y evolución de los mismos sobre los principios de eficiencia, equidad, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional.
La colaboración financiera se llevará a cabo a través de la creación del Fondo de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comuni-dad, que comenzará a aplicarse en 2011. Será un fondo con carácter incondi-cionado, esto es, respetará la autonomía de los municipios para decidir cuál será el destino de los recursos que reciban. Será un fondo de nivelación, en el sentido de que los recursos se distribuirán entre los municipios en función de unas variables de necesidad y de capacidad fiscal, todas ellas elegidas por su transparencia, ya que son unos indicadores fácilmente contrastables. Las variables de necesidad de gasto serán la población, la superficie y la disper-sión de los municipios. Y para incentivar la corresponsabilidad fiscal, los indicadores de capacidad fiscal recogerán las principales fuentes de ingresos propios de los municipios (IBI), prescindiendo de la discrecionalidad política a que todo gobierno tiene derecho en el ejercicio de su autonomía (capacidad normativa)
La ley garantizará que, como mínimo, todos y cada uno de los municipios dispondrán de una financiación incondicionada superior a la que obtienen en la actualidad. Por primera vez, esta financiación incondicionada que recibi-rán los municipios (de la Junta de Andalucía) va a estar ligada a los ingresos tributarios de la Comunidad y será una cantidad que evolucionará de acuerdo con unos criterios fijados en una norma.
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