Motril abre su Oficina de Intermediación Hipotecaria en colaboración con la Diputación

El diputado delegado de Asistencia a Municipios, José Torrente, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, y el decano del Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres, se han congratulado del esfuerzo conjunto de Diputación, Colegio de Abogados y Ayuntamiento para dotar a los ciudadanos de este instrumento de asesoramiento que tiene como objetivo final evitar desahucios en la provincia

La Oficina de Intermediación Hipotecaria (OIH) puesta en marcha por la Diputación Provincial gracias a un acuerdo suscrito con el Colegio de Abogados de Granada incrementa su presencia en la Costa Tropical. El diputado delegado de Asistencia a Municipios, José Torrente, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, y el decano del Colegio de Abogados, Eduardo Torres, han presentado hoy la nueva Oficina de Intermediación Hipotecaria que funcionará en la sede del Colegio de Abogados en Motril y que atenderá, al igual que otras que ya están funcionando en municipios como Almuñécar o Salobreña, a aquellas familias que tengan que negociar con las entidades bancarias una ejecución hipotecaria. En el acto también ha participado la alcaldesa de Almuñécar, Trinidad Herrera. La Oficina de Intermediación Hipotecaria de la Diputación ha visto en los últimos cinco meses un total de 135 expedientes y ha venido atendiendo a una media diaria de cinco familias con problemas para pagar sus viviendas. Este servicio supone para todas las familias que lo soliciten y cumpla con los requisitos establecidos una asistencia gratuita en virtud del esfuerzo conjunto de Diputación y Colegio de Abogados al que ahora se une el Ayuntamiento de Motril. En el acto de hoy, el diputado delegado de Asistencia Municipios, José Torrente, ha ampliado datos acerca del funcionamiento de estas oficinas desde su puesta en marcha, con casi trescientas llamadas atendidas por técnicos especialistas. “Las instituciones ponen al servicio de los ciudadanos que peor lo están pasando un instrumento con el que, como objetivo preferente, tratamos de evitar los desahucios”, ha explicado Torrente que ha destacado la importancia de que los motrileños y vecinos de la Costa que necesiten de este asesoramiento no tengan que desplazarse a Granada a ordenar el correspondiente expediente y puedan solucionarlo en la sede motrileña del Colegio de Abogados. “Esta sintonía institucional redunda en beneficio de los que piden ayuda”, ha añadido Torrente que ha destacado que con esta nueva apertura de la OIH se prosigue la tarea de “externalizar desde la Diputación este servicio a todas las comarcas”. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha señalado que “el presidente de la Diputación, Sebastián Pérez, ha apostado fuertemente por esta iniciativa mostrando la sensibilidad social de la Diputación hacia estos temas” propiciando que “más ciudadanos, a pesar de las dificultades que están pasando muchas familias en Motril, conserven su vivienda actual”. La alcaldesa ha agradecido a la Diputación y el Colegio de Abogados el “esfuerzo” desempeñado en esta tarea de marcado carácter social que se va a desarrollar en la delegación del órgano de los abogados en Motril. García Chamorro ha señalado que los motrileños interesados podrán acceder también a este servicio a través del teléfono habilitado por Diputación o en las oficinas de Acción Social del Ayuntamiento motrileño. También la regidora de Almuñécar, Trinidad Herrera, se ha sumado a este agradecimiento y ha recordado la labor social que la OIH está haciendo en su ciudad desde hace unos meses. “Nos hacemos más cercanos al ciudadano con esta magnífica iniciativa” que “los ayuntamientos venimos poniendo en marcha”, ha señalado Trinidad Herrera. Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres, ha explicado que “en función de la labor social que tenemos que cumplir” surgió esta iniciativa en la consciencia de que “había que hacer algo para evitar las trágicas imágenes de los lanzamientos y los desahucios”, en beneficio de “personas en riesgo de exclusión social y de perder la vivienda”.

Torres ha recordado que la Diputación y los abogados, en esta labor altruista, han sido pioneros y han abierto camino en otras provincias españolas que se han sumado a posteriori a la apertura de este tipo de oficinas que negocian con los bancos para ayudar a familias con problemas para pagar sus hipotecas. Una vez con la documentación pertinente, el abogado se pone en contacto con la entidad bancaria para intentar resolver el problema de la familia con refinanciaciones de las letras a pagar mensualmente o “situaciones de carencia” en las que se aplaza el giro de cuotas hasta una fecha en la que el cliente va a tener “una expectativa de trabajo o de incorporarse a una plantilla”. En casos de dación en pago también se ha conseguido llegar a acuerdos en los que la entidad bancaria que se queda con la vivienda ofrece un arrendamiento social a la misma familia que no ha podido conservarla en propiedad. Según una estadística del Consejo General del Poder Judicial, en 2011 se produjeron 1.518 lanzamientos y 1.826 ejecuciones hipotecarias en la provincia frente a los 917 lanzamientos y 1.937 ejecuciones hipotecarias de 2010. Las páginas web de la Diputación y el Colegio de Abogados tienen toda la información a disposición de los granadinos que puedan necesitar este servicio. En el mostrador de información de la sede principal de la Diputación, se están entregando los modelos de solicitud editados a tal efecto, y se ha dirigido una carta informando sobre el funcionamiento de esta oficina de intermediación a todos los ayuntamientos y ELAs de la provincia con la firma del diputado delegado de Asistencia a Municipios. La oficina de la Diputación cuenta con un programa específico de conexión directa con el Colegio de Abogados donde se dan de alta las solicitudes que se reciben por la responsable de dicha oficina y se conciertan las citas de los usuarios con los letrados. Para tramitar la entrada y salida de la documentación en Diputación y el control de expedientes, se ha dotado a la OIH de un registro independiente del Registro General, una medida que agiliza la atención a los usuarios. Este sistema propicia también un trato más cercano a los usuarios en una situación económica y humana compleja.