IU de Motril a través de su portavoz Felipe Villa anuncia hoy, que llevará al Pleno del próximo viernes, una propuesta para que el Ayuntamiento inste al Gobierno de la nación a derogar la nueva Ley sobre reforma de tasas judiciales ya que resulta un nuevo atropello al Estado de Derecho y fomenta las desigualdades
Villa, en representación de la formación
de izquierdas tacha esta medida como “ley de atraco judicial” ya que éstas supondrán un nuevo golpe al estado de
derecho al hurtar a miles de personas la posibilidad real de defenderse a favor
de grandes compañías y fortunas, que se blindarán aún más contra cualquier
reclamación, ya sea laboral o civil.
Izquierda Unida ha emprendido una
ofensiva explicativa y de denuncia contra esta ley debido a que la implantación
de esta norma supondrá que no se puedan ejercer adecuadamente “los derechos de
los trabajadores, de los consumidores o de cualquier ciudadano” ante las
administraciones públicas. Esta
nueva Ley viene a introducir una serie de modificaciones, justificadas con
la coyuntura económica que vivimos y con la urgencia de equilibrar unos
presupuestos públicos que han devenido deficitarios, aun a sabiendas de que la
justicia gratuita en el orden social tiene una nula incidencia en los
presupuestos de las administraciones públicas. Por eso, incluye un intento de
justificación específica cuyo contenido es absolutamente reprobable:
“Se suprime el reconocimiento del derecho a la
asistencia jurídica gratuita a todos los trabajadores, con independencia de sus
ingresos, equiparándose al régimen general de los demás órdenes”
En IU
recuerdan que “incierto que las Administraciones
responsables de la justicia gratuita hayan solicitado acabar con este
reconocimiento, pues sabemos de muchas Comunidades Autónomas que no lo han
planteado por estar en desacuerdo”. Insisten, además, en que “es rechazable que
el sistema vigente genere disfunciones, y menos aún que suponga un privilegio
para los trabajadores. Se trata de lo contrario: de compensar aunque sea
parcialmente la posición de dominio de otros”.
El edil hace un repaso histórico, haciendo notar que
“el derecho a la asistencia jurídica gratuita de los trabajadores viene
rigiendo ininterrumpidamente en nuestro país desde hace más de un siglo: tanto
las leyes sobre comités paritarios, como la de jurados mixtos de la República,
al igual que las leyes procesales laborales de la dictadura, o las promovidas
en la democracia por los Gobierno de la UCD y del PSOE lo han mantenido. Ni el
franquismo planteó eliminar la justicia gratuita en el orden social”.
En Izquierda Unida entienden, en
definitiva, que “ni hay razones económicas o presupuestarias que fundamenten
una medida de este tipo, ni disfunciones en un proceso como el laboral que
viene siendo modélico para los procedimientos en otros órdenes
jurisdiccionales, ni tampoco se trata de un privilegio para los trabajadores,
sino de una compensación de la desigualdad laboral primaria que soportan”.
Pero no sólo afecta a los trabajadores
sino también a la generalidad de ciudadanos, pues “con el efecto disuasorio de
carácter económico que se impone se está dificultando la aplicación del derecho
fundamental a la
Tutela Efectiva del art. 24 de la Constitución y se está
creando una administración de justicia tan solo para quienes tengan
posibilidades económicas, es decir, para los ricos”, insiste Villa.
De igual forma, el edil de IU ha denunciado que el Ministerio de Justicia haya actuado con
“improvisación, de forma chapucera y contra los ciudadanos” al poner en marcha
esta medida a toda velocidad, hasta el punto de que aún estando en vigor “no se
puede aplicar en la práctica porque ni siquiera tienen preparados los
formularios para ello, dejando entrever las prisas con las que actúa el PP en
temas de interés nacional, donde se ponen en juego los derechos de todos los
ciudadanos y ciudadanas”.
Por todo lo anterior, Izquierda Unida,
en boca de su portavoz, Felipe Villa, llevará al Pleno del próximo viernes,
una propuesta para que el
Ayuntamiento inste al Gobierno de la nación a derogar la nueva Ley sobre
reforma de tasas judiciales ya que
resulta un nuevo atropello al Estado de Derecho y fomenta las desigualdades.
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