María Jesús Montero se comprometió ayer con representantes del Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social a realizar un esfuerzo presupuestario de más de diez millones para esta continuación
La consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía,
María Jesús Montero, mantuvo ayer miércoles una reunión con representantes del
Consejo Andalucía de Colegios Profesionales de Trabajo Social, con quienes se
ha comprometido a mantener la contratación de los trabajadores sociales de
refuerzo para la atención a la Dependencia, para lo que ha destacado el enorme
esfuerzo que está haciendo el Gobierno andaluz al destinar más de diez millones
de euros para este mantenimiento, a pesar de los recortes que ha llevado a cabo
la Administración Central y que ha supuesto que Andalucía deje de recibir este
año 89 millones para la financiación de esta Ley.
Montero ha destacado la importancia de la labor que desempeñan estos
profesionales en el desarrollo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia, máxime en el contexto de la apuesta que el Gobierno andaluz
respecto a esta Ley, en la que Andalucía supone una cuarta parte (más del 25%)
del total de valoraciones, prestaciones y personas beneficiarias de España.
En concreto, la Junta destinará en 2013, a través de la Agencia de
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, cerca de 10,3 millones de euros
al mantenimiento de estos trabajadores sociales (268), que son contratados por
los ayuntamientos y las diputaciones para la atención de personas en situación
de dependencia. Todo ello, a pesar del recorte de 125 millones de euros
previsto por el Gobierno de España en materia de Dependencia a Andalucía para
próximo año.
Desde el año 2006 la Junta ha habilitado anualmente créditos para la
contratación, por parte de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y
diputaciones provinciales, de personal de refuerzo (trabajadores sociales y
administrativos) para la implantación e impulso de la Ley, ya que las entidades
locales constituyen, a través de los servicios sociales comunitarios, la puerta
de entrada al sistema de dependencia y donde se inicia la tramitación del
procedimiento para el reconocimiento de este derecho. No obstante, una vez que
en la actualidad el sistema se ha consolidado de forma general después de los
cinco primeros años de la Ley, y debido también a la necesidad de optimizar
recursos, se considera prioritario que éstos se centren en el refuerzo de
personal en el ámbito del trabajo social dedicado a la Dependencia.
En total, y teniendo en cuenta los recursos que se aprobarán para
2013, la Junta de Andalucía ha destinado a la contratación de personal de
refuerzo un total de 121,1 millones de euros, que han posibilitado el impulso
de la Ley de la Dependencia de la mano de estos trabajadores municipales
diseminados por todo el territorio andaluz.
En el momento actual, el refuerzo de personal de trabajo social se
considera prioritario para asumir adecuadamente el lógico ritmo de reposición
dentro del sistema de Dependencia, así como las funciones asignadas en materia
de revisión de prestaciones y seguimiento de la correcta aplicación de los
Programas Individuales de Atención (PIA), asegurando la adecuación de los
servicios o prestaciones a las necesidades de las personas a las que fueron
prescritos.
La dependencia moderada, hasta 2015
Igualmente, el retraso decidido por el Gobierno de España para la
entrada en vigor de la efectividad del derecho a la prestación a las personas
con dependencia moderada hasta 2015, hacen que no sea necesario en estos
momentos un refuerzo de personal que asuma funciones de tramitación masiva de
inicio de nuevos expedientes correspondientes a la incorporación de este
colectivo al sistema, como sí sucedía al comienzo de la implantación de la Ley.
Con la inversión que se realizará para la contratación en 2013 por
parte de los ayuntamientos y diputaciones de personal de refuerzo de trabajo
social, la Junta de Andalucía hace un importante esfuerzo, orientado a las
necesidades prioritarias en el momento actual de desarrollo de la Ley de la
Dependencia en nuestra comunidad, y en el marco de una situación económica
restrictiva y compleja, derivada de las medidas adoptadas por el Gobierno
central en esta materia y del nulo margen de las comunidades autónomas por el
objetivo del déficit.
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