Desde
Convergencia, en nuestro compromiso ciudadano de informar de lo que realmente
se aprueba en los Pleno, nos vemos en la necesidad de salir públicamente, ante
la nota emitida por parte del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Motril,
relativo al punto del pleno de las multas, que tiene algunas imprecisiones.
En primer
lugar, se mantiene en la nota pública del Equipo de Gobierno, que "se van
revisar de oficio la totalidad de los expedientes sancionadores". Esto no
es cierto, a la luz de lo que el propio Equipo de Gobierno dijo en el pleno.
Únicamente se van a revisar 2700 expedientes de los 13400 que existen. Son solo
las notificadas por el BOP.
En segundo
lugar la moción aprobada, únicamente con los votos del Equipo de Gobierno del
Partido Popular dice que "proceder a anular la deuda tributaria en todos
aquellos en que hubiera una irregularidad administrativa en el procedimiento". Esto, que es una
imposición legal, ya que constatada una irregularidad en el procedimiento la
ley establece su nulidad, se nos quiere ofrecer a los ciudadanos como una
muestra de sensibilidad del Equipo de Gobierno por la situación de alarma
social creada. Es solo, cumplir la ley.
Sin embargo,
desde la oposición se les solicitó paralizar los expedientes sancionadores
hasta que no se revisara su legalidad, se solicitó que se tuviera en cuenta que
el retraso (en algunos casos de 4 años) no se imputara al ciudadano y por ello
no se le cobraran recargos ni intereses, se solicitó que se abriera la
posibilidad a los ciudadanos de formular alegaciones y por último, que a la
vista de las deficiencias constatadas en las notificaciones, se diera la
oportunidad a los ciudadanos que deseen abonar sus sanciones, poder acogerse a
las reducciones legales. A todo esto dijo NO el Equipo de Gobierno del Partido
Popular.
¿Puede entenderse que para cumplir los
trámites de los procedimientos sancionadores se haya tardado 4 años?. ¿Por qué
ahora sí llegan las notificaciones?, ¿Qué posibilidad de defensa hay ante unos
hechos que ocurrieron hace 4 años?. Lo que se produce es una absoluta
indefensión a los ciudadanos que a los 4 años tienen la primera noticia de una
sanción.
Además, para
más trabas a la defensa de los ciudadanos, tenemos que añadir la Ley de Tasas
Judiciales del Partido Popular, porque si para reclamar judicialmente una
sanción tendríamos que pagar como mínimo
un 50% de su importe en tasas, es
evidente, que ningún ciudadano reclame. Incluso hasta ganando, no nos devolverá
el total pagado. Al final, los ciudadanos se ven abocados a pagar una sanción
sin opciones de defensa y sin posibilidad efectiva de reclamar judicialmente.
Desde
Convergencia entendemos que no puede admitirse que se hayan invertido 4 años
para completar un procedimiento sancionador porque la consecuencia directa de
ello es la gran indefensión que causa al ciudadano, es por lo que solicitamos a
la Sra. Alcaldesa de Motril, que no son suficientes unas disculpas públicas
sino que deben depurarse responsabilidades y dar soluciones reales a los
ciudadanos que no tienen porqué sufrir las consecuencias de tardar 4 años en
tramitar sus procedimientos administrativos.
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