Cada vez que se acercan unas elecciones municipales, un fantasma
recorre Motril. Y es nuestra alcaldesa la encargada de transmitir ese espanto a
los motrileños.
Hace ocho años, antes de las elecciones municipales, el miedo se
llamaba antenas de telefonía móvil: manifestaciones, titulares de periódico y
pánico. Un poco después, el terror venía de la mano de la expropiación de las
fincas destinadas al Parque Cultivo de Caña, cuyos propietarios casi tomaron el
ayuntamiento de Motril de la mano de Luisa María Chamorro. Y algo antes, toda
una sublevación de agricultores encabezada por la misma persona y que había
propagado la certeza de que la ordenanza de invernaderos que preparaba el
ayuntamiento iba a hacer desaparecer la agricultura en el municipio. ¿Alguna de
estas catástrofes se materializó? ¿El gobierno del PP eliminó las antenas? No.
Fiel a su cita, y tras 10 años de gobierno del PP en Motril, su
alcaldesa se ha acordado de los agricultores a unos meses de las elecciones
municipales. Ha descubierto que el vigente Plan General de Ordenación Urbana es
un lastre para la implantación de nuevos invernaderos y que hay 190 hectáreas
construidas en suelo prohibido. Por supuesto, en sus 10 años de gobierno, el PP
jamás abrió un expediente de regularización ni movió un solo dedo para
solucionar este tema. Ha sido el viento claro que sopla desde las elecciones
europeas y que viaja raudo hacia las elecciones municipales el que ha iluminado
su mente hasta ahora ocupada en fiestas de barrio, parcheado de aceras, guerras
políticas internas y asuntos varios en la Diputación Provincial.
Según la alcaldesa no hay sitio para más invernaderos y se está
ahogando la maltrecha economía motrileña. Los datos la contradicen
abiertamente. Hay actualmente clasificadas 1910 hectáreas para esta actividad
en el municipio de las que quedan sin ocupar del orden de 900 según el informe
del jefe de Servicio de Urbanismo del ayuntamiento. Es decir, que en los
aproximadamente 30 años que median entre que se colocó el primer invernadero y la
actualidad se ha ocupado una superficie cercana a las 1000 hectáreas, algo más
de la mitad de lo que hay clasificado. O lo que es lo mismo, que hay suelo
libre para otros 30 años. Y no es que en
los últimos meses se haya producido una avalancha de peticiones: en todo 2014
se han solicitado 4 licencias y en 2013, 7 más.
Segundo tema: hay que legalizar 190 hectáreas de invernaderos
construidos en suelos en el que el vigente PGOU no lo permite. Ya indicamos en
el pleno municipal que la única solución para aquellas explotaciones situadas
en zonas donde fuese posible su normalización era elaborar un nuevo PGOU, y así
se lo ha indicado la Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.
Simplemente el procedimiento no ha sido el adecuado. Pero la alcaldesa no
buscaba solucionar problemas, buscaba la gresca y la confrontación.
Si hay que clasificar nuevos suelos para esta actividad o para
cualquier otra, habrá que hacerlo pero, desde luego, cuando sea necesario,
donde sea posible y la legalidad lo permita, lejos de las necesidades de una
alcaldesa que necesita de titulares de periódico donde parapetarse frente a la
verdadera tragedia de una ciudad abandonada a su suerte, carente de pulso y
cuya débil actividad económica está sujeta a los arreglos de despacho.
Una ciudad en la que se exprime al pequeño empresario y al autónomo, a
los humildes, que se gobierna en favor de unos pocos privilegiados que se
sitúan por encima de las leyes, que consiguen subvenciones millonarias y a los
que se les regala el suelo público. Las mismas leyes que aplastan a los que
estamos abajo pagando con nuestro esfuerzo sus vertiginosos sueldos.
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