La Diputación Provincial
ha exigido a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, la derogación
y nueva redacción del artículo 5 del Decreto 98/2014 que regula la composición
de las comisiones paritarias de formación por el empleo al entender que vulnera
las competencias de las administraciones provinciales y locales. La Institución Provincial
se reserva llevar el caso a los tribunales, por la vía
contencioso-administrativa, de no encontrar respuesta a este requerimiento
previo formulado con fecha 10 de septiembre por el presidente de la Diputación,
Sebastián Pérez.
Así lo ha informado hoy en rueda
de prensa el diputado delegado de Función Pública, Francisco Javier Maldonado,
que ha explicado que las comisiones paritarias, que se crean con este decreto
que modifica los estatutos del Instituto Andaluz de Administración Pública, son
las encargadas de la propuesta de reparto de los 1,4 millones de euros que
percibirán las entidades locales andaluzas para el desarrollo de formación para
los empleados públicos.
En estas comisiones entra la Federación Andaluza
de Municipios y Provincias (FAMP) y no las diputaciones lo que supone que sus
competencias y, por consiguiente, las de las entidades locales, se vean
“gravemente lesionadas”, según ha lamentado el diputado que ha recordado que no
todos los municipios están asociados a la FAMP y, pese a ello, la Junta le
reserva con el nuevo reglamento el 25 por ciento del total de los fondos para
formación, casi medio millón de euros, cuando la federación equivalente en el
ámbito nacional, la FEMP, solo recibía un 4 por ciento hasta el año pasado.
Hasta ahora, los fondos de
formación habían sido distribuidos por el Ministerio de Administración Pública
mediante la convocatoria que se hacía en el mes de enero de cada año estando
los fondos disponibles en las diputaciones alrededor del mes de abril para la
ejecución de las acciones formativas durante el resto del ejercicio.
Por acuerdo de la Comisión General
de Formación para el Empleo estos fondos se reparten desde este año por las
comunidades autónomas aprobando a tal efecto la Junta de Andalucía el Decreto
98/2014 en junio de 2014. “Como siempre la comunidad autónoma de Andalucía es la última en
todo, y la última de España en convocar estas ayudas”, ha resaltado a este
respecto el diputado de Función Pública.
Pese a tener la transferencia
estatal realizada desde principios de año, los pagos a las entidades locales andaluzas
se retrasan por no estar aprobado el correspondiente plan de formación. Ello
habría supuesto el “colapso” de los planes de formación provinciales que, sin
embargo, en Granada se está desarrollando con normalidad ya que, “conociendo ya
como funciona la Junta de Andalucía”, según ha especificado Francisco Javier
Maldonado, la
Diputación Provincial ha adelantado “de forma transitoria” un
montante de 70.000 euros para realizar las correspondientes acciones formativas
desde el mes de enero.
“La Diputación de Granada, como siempre
durante los últimos tres años, va a estar defendiendo el interés de todos los
municipios de la provincia”, ha resaltado Francisco Javier Maldonado que ha
criticado que la FAMP, a la que se adjudica “una representación de la que
carece”, entre en las comisiones paritarias a diferencia de las diputaciones
provinciales que, según la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA), tiene
competencias en formación y selección del personal, y en elaboración de
instrumentos de gestión de personal, planes de carrera profesional evaluación
de desempeño, así como en el diseño y, en su caso, ejecución de programas de
formación y desarrollo de competencias para representantes locales.
El decreto de la Junta también
vulneraría la Ley de Bases de Régimen Local y el artículo 141 de la Constitución Española
que define las competencias de las diputaciones.
Pese a esta situación, que el
diputado de Función Pública, ha relacionado con la nueva política de la Junta
ante el caso de los fondos de formación, la Diputación de Granada ha iniciado
este año ya más de 30 acciones formativas dirigidas a casi mil empleados
públicos de toda la provincia llegando a tener adheridos a más de 7.000
empleados públicos a la plataforma de formación de la Diputación con la
participación de la práctica totalidad de los ayuntamientos y ELAs de la
provincia.
Al inicio del mandato, había unos
50 ayuntamientos adheridos al plan de formación de la Diputación que no llegaba
a más de 2.000 empleados públicos de la Diputación y las entidades locales de
la provincia.
El diputado Francisco Javier
Maldonado ha lamentado que, pese a la buena acogida de estas actividades
gracias al equipo de Formación del área de Función Pública de la Diputación de
Granada, “vamos a pagar justos por pecadores” debido al “escándalo de los
cursos de formación con el sindicato amigo de UGT que está todos los días en
los medios” y por el que “se han perdido cientos y cientos de miles de euros”.
“Una vez más estamos tapando las
vergüenzas de la Junta de Andalucía que vuelve a incumplir sus
compromisos con los ayuntamientos y las diputaciones”, ha añadido Maldonado que
ha exigido por último “que se nos deje gestionar los recursos para la formación
a quienes hemos demostrado saber administrar bien el dinero sacándole el máximo
rendimiento”.
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