Denuncia que la tramitación seguida en el expediente de revocación a la empresa concesionaria ha hecho posible que se produjera el subarrendamiento irregular a otra empresa, la reapertura de negocio y la ejecución de obras en el edificio sin contar con las correspondientes licencias municipales.Las malas actuaciones municipales siguen permitiendo diversas irregularidades en torno a la revocación de su concesión administrativa, cuatro meses después de acordada por el Pleno.La empresa concesionaria sigue sin resolver la deuda que mantiene con el Ayuntamiento de Motril de, al menos, 150 mil euros y con los trabajadores, de 90 mil euros por impago de salarios
Inma
Omiste ha afirmado que el trato que ha recibido la empresa concesionaria del
chiringuito Oleaje por parte de la Administración municipal es impensable que
pudiera darse a cualquier pequeño negocio local y, desde luego, a ninguno de
sus vecinos y vecinas a los que se exige el escrupuloso cumplimiento de sus
obligaciones con la ciudad.
La
portavoz de IU-Equo no encuentra otra explicación a esta diferencia del trato
municipal que la debida a los ilustres apellidos que se encuentran tras la empresa
que obtuvo la concesión de la parcela de titularidad municipal en Playa Granada
por un alquiler irrisorio de 1.300 euros, que se ha permitido no abonar desde
el mes de mayo de 2014.
Omiste
ha recordado que esta concesión fue tramitada y aprobada, en su momento, por el
Gobierno local del Partido Popular que, en su opinión, no ha estado muy
acertado en la gestión de sus grandes proyectos, como sería este caso o el del
Centro de Desarrollo Turístico que han resultado, finalmente, onerosos para la
ciudad de Motril y para sus vecinas y sus vecinos.
Omiste
ha exigido a la alcaldesa de Motril el cierre inmediato de las instalaciones
del chiringuito y la paralización de cualquier actuación para su posible
reapertura hasta tanto en cuanto la empresa no abone efectivamente los salarios
que adeuda a los trabajadores (aproximadamente 90 mil euros), resuelva la deuda
con los arcas municipales de 158 mil euros y se cumpla con los requisitos
legalmente establecidos.
Inma
Omiste se ha preguntado por qué IU-Equo es el único grupo político que está
denunciando este caso y defendiendo los intereses de los trabajadores y de la
ciudad. Dónde están aquellos a los que se les llena la boca con que Motril y
los motrileños son lo único importante y lo primero cuando se está causando un
importante quebranto económico a las arcas municipales y a trabajadores y
proveedores también mayoritariamente motrileños. Por qué callan ahora, se ha
preguntado.
Un
repaso de las actuaciones llevadas a cabo pone de manifiesto, cuando
menos, la falta de diligencia de los servicios técnicos municipales en la
tramitación del expediente de revocación.
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Se
han concedido a la empresa concesionaria ampliaciones del plazo de presentación
de alegaciones pese a la irrelevancia de las presentadas y la evidencia de que
la empresa seguía una estrategia de dilación con el único objetivo de extender
el plazo de resolución del expediente.
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No
se ha informado a la Corporación de la Resolución del Consejo Consultivo de
Andalucía de fecha 6 de junio, inhibiéndose del asunto.
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Tampoco
de la existencia de un documento de arrendamiento privado suscrito entre la
empresa concesionaria y otra mercantil en fecha 7 de junio.
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No
se ha comunicado a la Corporación la solicitud del acreedor hipotecario (Banco
de Sabadell) para ejercer el derecho de proponer sustituto al concesionario, de
fecha 12 de junio y de la suspensión por el plazo de un mes de la tramitación
del expediente, solicitada por esta entidad y concedida por el Ayuntamiento.
La
secuencia de los trámites y las decisiones administrativas adoptadas ponen de
manifiesto un procedimiento que no parece haber tenido como objetivo, en ningún
momento, la defensa de los intereses municipales ni del interés general de la
ciudad y ha conducido a la situación actual en la que la empresa concesionaria
pretende desprenderse del negocio eludiendo sus responsabilidades después de
haberlo explotado durante más de cuatro años de forma irregular.
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