El pasado miércoles, el Parlamento andaluz admitió a trámite
la iniciativa legislativa popular (ILP) que persigue estabilizar el empleo de
casi 30.000 trabajadores interinos de la Junta, a través de una oferta pública
de empleo mediante un proceso selectivo exclusivamente por un concurso de
méritos para interinos.
Con los votos favorables del PSOE-A y Adelante Andalucía y
la abstención del PP-A, Ciudadanos (C’s) y Vox, el Pleno del Parlamento de
Andalucía ha dado luz verde a la tramitación de una ILP cuyo objetivo es dar
estabilidad al empleo de casi 30.000 trabajadores interinos de la Junta de
Andalucía mediante un concurso de méritos.
Desde la Federación Andaluza de Sindicatos de Enseñanza
(FASE-CGT) se muestran optimistas ante este hecho y afirman que “la
Administración Pública lleva años abusando de la figura del interino, cuyo
nombramiento está supeditado, según el artículo 10 del Estatuto Básico del
Empleado Público (EBEP), a las siguientes circunstancias: a) La existencia de
plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera;
b) La sustitución transitoria de los titulares o c) La
ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración
superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función
Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.”
Según el sindicato, es la propia Administración la que
incumple el Estatuto e impide la estabilización del personal docente interino,
ya que se cuentan por miles los profesores que llevan años ocupando plazas
vacantes que no son sacadas a concurso público: “llevamos mucho tiempo
denunciando esta situación de injusticia. Los interinos cuentan con experiencia
de la que no se debería prescindir. Se dedican a sus labores docentes como sus
compañeros funcionarios de carrera y además, en años alternos, a preparar unos
exámenes que ya han superado en varias ocasiones. La Junta maltrata a estos
trabajadores en fraude de ley y a los que considera de segunda clase, por eso,
bajo el lema “Quienes están se quedan”, el curso 2017-2018 comenzamos con movilizaciones
que cristalizaron en una huelga desde el tercer trimestre hasta el 31 de julio
que puso en jaque al gobierno andaluz y que llevó a la Consejería de Educación
a nombrar unos servicios mínimos ilegales, tal como indicó el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía (TSJA).”
En esta huelga, el sindicato FASE-CGT dio voz y apoyo a los
docentes interinos que reclamaban justicia ante su situación: “Además del
desgaste que supone tener que preparar una y otra vez unos exámenes de
oposición y la incertidumbre y desestabilización familiar que crea no saber
cuál va a ser el destino el curso próximo, los interinos tienen que aguantar
que los sindicatos mayoritarios los acusen de vagos y de no querer estudiar,
cuando la realidad es que en los últimos diez años hemos asistido a situaciones
como la paralización de las oposiciones, en 2012 o una oferta de empleo público
casi simbólica, como en 2014.”
“El panorama político y económico nos ha llevado a una
situación extraordinaria en la que casi el 25% del profesorado andaluz de
centros públicos es interino. Esta anomalía está recogida en el artículo 61 del
EBEP, donde se prevé que ‘sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter
excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración
de méritos’.
Preguntado por la discriminación que supondría un concurso
de méritos para las personas aspirantes que aún no hayan prestado servicios a
la Consejería de Educación, FASE-CGT responde que “nosotras reclamamos la doble
vía como acceso a la función pública, que daría posibilidad tanto a que las
personas no interinas optasen a un puesto docente en los centros públicos como
a las interinas a consolidar su trabajo. En definitiva, se trata de invertir
más en educación y no sustituir unos trabajadores por otros, sino dar cabida a
todos, porque solo invirtiendo en recursos humanos y estabilizando las
plantillas podremos mejorar la educación de los centros públicos.”
No hay comentarios:
Publicar un comentario