El director general de Infraestructuras de la Junta se ha
reunido con el Ayuntamiento para estudiar la viabilidad de construir un
edificio en un espacio cedido
La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local va a reunificar en una única sede judicial los dos
juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Almuñécar), que en la actualidad
se encuentran en locales distintos. La nueva sede judicial podrá estar en
funcionamiento para el segundo trimestre de 2020 y supondría acabar con “la
dispersión actual” y dotar al municipio de “unas instalaciones judiciales
dignas”.
Así lo ha explicado el director general de Infraestructuras
Judiciales, Miguel Ángel Reyes, tras mantener una reunión con la alcaldesa de
la localidad, Trinidad Herrera, en la que el Ayuntamiento le ha trasladado la
posibilidad de ceder un espacio público para una futura construcción de una
nueva sede judicial. Un encuentro en el que también ha participado el delegado
territorial en Granada, Gustavo Rodríguez.
“Vamos a estudiar la viabilidad de este ofrecimiento. Se
trata de un proyecto a largo plazo y que nos permitiría contar con un edificio
en propiedad y eliminar así costes en alquileres, que es uno de los objetivos
que nos hemos planteado en este Gobierno”, ha indicado Reyes, que ha recordado
que los dos inmuebles que en la actualidad acogen los juzgados son arrendados.
No obstante, y dadas “las carencias” que vienen arrastrando
las dos sedes actuales, “es necesaria una actuación urgente, que nos permita
ofrecer a los profesionales de la Administración de Justicia y a los ciudadanos
contar con unas instalaciones dignas”. Por este motivo, la Consejería sacó el
pasado mes de agosto a concurso un nuevo contrato de alquiler con la idea de
agrupar ambos órganos y los diferentes servicios judiciales en un único
edificio. La sede judicial estará ubicada en un inmueble de la calle Ítrabo,
esquina con la calle Suspiro del Moro.
Una inversión de 815.000 euros
“Si todo marcha bien esperamos poder firmar en breve ese
contrato”, tras lo que el arrendatario tendrá que acometer obras en el edificio
para adaptarlo a las necesidades judiciales. “Estimamos que el traslado se
podrá llevar a cabo en marzo del año que viene. Aunque sea mantener el alquiler
este contrato era necesario dada las urgentes necesidades y, además supone un
ahorro porque vamos a eliminar costes en servicios ahora duplicados como
seguridad o limpieza”, ha señalado el director general.
La inversión prevista para poder ejecutar los trabajos y
afrontar el alquiler durante los próximos cuatro años es de más de 815.000
euros. Las nuevas instalaciones permitirían contar con espacios como salas para
abogados y procuradores, otra para videoconferencias y también para las
declaraciones de las víctimas de violencia de género.
En paralelo, la Consejería de Justicia y el Ayuntamiento
trabajarán de la mano para materializar la cesión de algún solar municipal
disponible en la localidad y donde construir el futuro Palacio de Justicia.
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