La inmunidad de la enseñanza concertada al descenso de la
natalidad. CGT exige un plan de protección para una especie en vías de
extinción: la Escuela Pública andaluza.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado luz
verde al nuevo decreto de escolarización que regula un procedimiento que se
inicia en breves días, y todos los temores que en su momento esgrimimos ante el
borrador, con alegaciones incluidas, se han hecho realidad. Que la educación
pública en Andalucía estaba malherida, tras años de recortes y mala gestión de
los anteriores gobiernos, era un secreto a voces. Que el nuevo gobierno tiene
la intención de “darle la puntilla” es ya una realidad constatada.
A estas alturas ya no sorprende que el argumento de peso que
más esgrime el Consejero Imbroda sea el
mal llamado “Derecho de libertad de elección de centro” por parte de las
familias, aberración “paraconstitucional” que juega a la confusión con lo que establece el artículo 27 de la
Constitución, que es que todos tienen el
derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza y los poderes
públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones.
Que nadie se llame a engaño: bajo el lema de la libertad de
elección lo que este Decreto viene a sancionar es el privilegio de los centros
privados concertados en aquellas localidades (no muchas, pero sí las más
pobladas) en las que exista al menos uno de estos centros. El ejemplo puesto por
el propio Director General de Planificación lo deja bien claro: En una
localidad que cuente con cinco centros públicos y uno privado concertado, el
criterio de proximidad valdría para los colegios públicos –para los que se
mantendría la zona de escolarización– pero no para el concertado, cuya zona de
escolarización se extendería en ese caso por todo el municipio. ¿Acaso la
libertad es patrimonio exclusivo de las familias que optan por un centro
concertado?¿Dónde queda la libertad de elección de tantas familias de las
ciudades de Granada (con más de un 60% de plazas escolares concertadas en
Infantil, Primaria y Secundaria), Málaga, Cádiz o Sevilla, que se quedan sin
plaza en centros públicos de su elección y se ven forzosamente derivados a
centros privados concertados si quieren mantener a sus hijos en la zona
educativa que les corresponde?
Y de la libertad, a la “demanda”, confirmando que este
gobierno apuesta por entender la Educación como un bien de mercado sujeto a la
oferta y la demanda, ya que se nos dice que la “demanda social” es un elemento
más a la hora de organizar la oferta educativa. Pues bien, esperemos que se
tenga en cuenta en aquellos centros públicos que reciben más solicitudes que
plazas tienen concedidas, y no sólo para justificar un futuro incremento de los
conciertos educativos en pleno descenso demográfico.
En lo que no podemos negarle la razón al Sr. Consejero
Imbroda es en su afirmación de que no existe un plan oculto para la concertada,
ya que parece claro que este plan es público y notorio, y que se basa en
potenciar el modelo de enseñanza privada concertada allí donde atrae el interés
de inversores y puede generar pingües beneficios. Las motivaciones íntimas de
esta política de favor a la enseñanza privada, no se nos escapa, son tanto
ideológicas (es manifiesto el absoluto predominio en Andalucía de centros
privados concertados de confesión católica) como económicas, ya que ante la
crisis de otros sectores productivos hace tiempo que grandes empresas de
capital privado han optado por fijar su objetivos en los servicios públicos:
Educación, Sanidad, Asistencia Social,… Para estos sectores se ha legislado,
como bien debe saber nuestro Consejero, que llegó al cargo proveniente de una
empresa privada dedicada al “negocio” educativo.
Los conciertos educativos con empresas privadas surgieron en
su momento ante la imposibilidad de acometer la escolarización obligatoria en
la exigua red de centros públicos existentes a comienzos de los 80 del siglo
pasado. El peso que estos centros han llegado a tener en la mayoría de las
grandes ciudades andaluzas es anormal, y aberrante podría decirse, si
comparamos con cualquier país europeo. Pues bien, ahora que vienen tiempos de
descenso demográfico, cuando lo lógico sería pensar que se reducirían las unidades
escolares concertadas por innecesarias, resulta que nos encontramos con que en
los últimos años se han mantenido prácticamente blindadas, mientras los centros
públicos han sufrido una reducción drástica de unidades en los niveles
inferiores: Educación Infantil y Primaria.
En un reciente estudio, CGT ha alertado de que la excusa del
descenso demográfico en Andalucía ya ha servido para iniciar el
desmantelamiento de la Escuela Pública
en favor de la enseñanza privada concertada, y no es una novedad achacable
en exclusiva al actual gobierno. Recordamos el dato de que entre 2011 y 2018 en
Andalucía se eliminaron 654 unidades públicas de Educación Infantil y Primaria,
mientras que en el mismo periodo se incrementaron en 923 las unidades en
centros privados concertados de los mismos niveles. El futuro que plantea el
actual Decreto de Escolarización (las declaraciones del Gobierno andaluz lo
confirman) es de profundizar y acelerar este proceso, extendiéndolo, cuando le
llegue su momento, al resto de niveles educativos: ESO, Bachillerato y FP. Así
se entiende el oscurantismo con el que se maneja por parte del Servicio de
Planificación la previsión inicial de unidades escolares previstas para el
proceso de escolarización que comienza en breve, dato que, por el momento,
seguimos desconociendo oficialmente, pese a haberlo solicitado por registro en
todas las Delegaciones Territoriales de Educación.
En definitiva, y como bien ha señalado el Consejero de
Presidencia Sr. Bendodo, el Decreto de Escolarización es un paso que marca el
camino. Lo que pretende el Gobierno es dar pasos para que más pronto que tarde
los padres puedan elegir llevar a sus hijos al colegio que les dé la gana. Este
paso se irá potenciando en el futuro.
Pues bien, CGT, fiel a su historia, se compromete a llenar
ese camino de barricadas que defiendan a la Escuela Pública andaluza de este
feroz ataque que la pone en peligro de extinción en nuestras ciudades. Ahora,
más que nunca, la comunidad educativa andaluza debe movilizarse en defensa de
una educación pública de calidad, integradora, igualitaria y democrática; y
pelear porque reciba la dotación económica y los recursos humanos adecuados
para el desarrollo de sus funciones. De lo contrario, nos veremos abocados a un
futuro en el que la única libertad de elección de centro en muchas ciudades
andaluzas será la de elegir la empresa u orden religiosa que eduque a nuestras
hijas e hijos; eso sí, mantenidas con el dinero público.
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