El Presidente de la Diputación de Granada mantuvo anoche una reunión con los agricultores de la costa de Granada, los representantes del sector de las cooperativas y de los alhondiguistas además de los representantes de ayuntamientos de la zona como Castell, Motril y Salobreña
Antonio Martínez Caler quiso trasladar personalmente un mensaje de que en el momento en que estén resueltos los problemas técnicos que aquejan a la Planta de Tratamiento de Residuos Vegetales de Motril se abrirá “somos conscientes de que existe un problema grave con los residuos de la agricultura en la costa en este momento pero hasta que no se subsanen los problemas técnicos que tienen la planta nosotros no podemos volver a abrirla, por responsabilidad”
El Presidente de la Diputación recordó que en 2004 él personalmente asumió el compromiso de construir la Planta de Vegetales en Motril para ayudar a resolver el problema de los vertidos derivados de la agricultura de la zona y que después de una inversión de 10 millones de euros y tres años funcionando en pruebas y tratando 18.000 toneladas de residuos al año deficiencias de funcionamiento de la planta han obligado a cerrarla, “lo que nos parece tremendamente injusto es que siendo la única administración que ha intentado ayudar al sector agrícola de la costa, al final se nos regañe, y seamos duramente criticados por el PP, empleando falsedades. Yo adquirí un compromiso con los agricultores de la costa en 2004 y lo mantengo, por eso vengo a dar la cara y explicar lo que pasa”
Elementos como la falta de cobertura de las balsas de lixiviados que junto a los residuos reúnen también el agua de lluvia y esto supone que frecuentemente superen el nivel legal de llenado exigido, el 80%, o los costes de tratamiento de los residuos han hecho imposible la adjudicación en condiciones garantizadas para los agricultores.
Así la diputada de Medioambiente solicitó la implicación de cooperativas, alhondiguistas y municipios de la costa para tomar decisiones que palien el problema de vertidos mientras se resuelven los problemas existentes “no podéis mirar sólo a la Diputación, solos no podemos resolver este asunto, necesitamos las aportaciones de todos” implicó Pilar Peramos, “en estos tres años en pruebas hemos estado detectando dificultades que hemos intentado resolver y hemos llegado hasta aquí forzando hasta el límite, tenemos incluso denuncias medioambientales y no ha quedado más remedio que cerrar la planta”
El Presidente de la Diputación apuntó las dos salidas que se perfilan para la gestión de la planta, una es que las condiciones de explotación que ya había arbitradas las asuma otra empresa que sí ofrezca garantías o, si eso no pudiera ocurrir, la gestión la asumiría el consorcio provincial de residuos, RESUR, cualquiera de los dos caminos precisa de un margen suficiente para los trámites administrativos.
Los agricultores mostraron su inquietud por qué alternativas pueden tener para depositar los residuos vegetales el tiempo que pueda transcurrir antes de que la Planta vuelva a funcionar, representantes municipales de ayuntamientos como Motril y Salobreña se comprometieron a aportar su ayuda en este sentido.
El PP afirma que la falta de explicaciones “coherentes” sobre el cierre de la planta de Motril evidencia la “irresponsabilidad” de Caler en la resolución de los problemas técnicos
Francisco Tarifa asegura que, en tres años, ha tenido tiempo para que la adjudicación de la planta hubiera sido “ejemplar, transparente y limpia”
El grupo popular en la Diputación ha afirmado que la ausencia de explicaciones “coherentes” por parte de Martínez Caler sobre las verdaderas razones por las que no se abre la planta de tratamiento de residuos vegetales de Motril evidencia su “irresponsabilidad” en la resolución de los problemas técnicos que forzaron su cierre.
“¿Cómo es posible que el presidente de la Diputación y del Consorcio Resur culpe al PP de una presunta falta de previsión y, después de tres años en periodo de pruebas y una inversión cercana a los diez millones de euros diga que la planta presenta problemas técnicos?”, recriminó Francisco Tarifa, diputado provincial del PP, quien acusó a Caler de “decir siempre lo contrario de lo que hace”.
En este sentido, reiteró que, en tres años de pruebas, el Consorcio Resur ha tenido tiempo suficiente para que la adjudicación de la planta hubiera sido “ejemplar, transparente y limpia”. “Cualquier empresa con empuje y estímulo, dada la crítica situación financiera del país, habría estado dispuesta a llevar la gestión hacia adelante, quedando el problema perfectamente resuelto”, apuntó.
Tarifa aseguró que el “sectarismo” de Martínez Caler “no tiene límite”. “Cierra de manera unilateral la planta, sin consultar ni informar a los miembros de la comisión de gobierno del Consorcio Resur, y después de cuatro meses desde que se aprobase la adjudicación definitiva a una empresa en un procedimiento negociado, que tendría que haber estado resuelto en un mes, viene a decirnos, primero, que cierra la planta y, segundo, que rescinde el contrato a la empresa, sin explicar un solo motivo y el contenido de las reuniones mantenidas con la empresa que le han llevado a tomar esta decisión”, explicó Tarifa.
Así, afirmó que el “ocultismo, la falta de transparencia y la mala gestión son los únicos responsables de que hoy los agricultores no tengan dónde llevar sus residuos y, lo que es más grave, no sepan cuándo podrán depositarlos sin ser multados por Medio Ambiente”.
Respecto a la actitud de la diputada delegada del área de Medio Ambiente de la Diputación, Pilar Péramos, señaló que es “otro ejemplo de la gente que rodea al presidente del Consorcio Resur, después de que rechazase la urgencia de la moción presentada por el grupo popular en el último pleno amparándose en que no existía tal urgencia, no era necesario debatir las propuestas que el PP aportaba y la opción válida era mantener la planta cerrada a día de hoy”.
“Desde el grupo popular, pensando siempre que somos oposición, no nos da otra salida que la crítica política y aportar nuestras propuestas en nombre de los ciudadanos, pero no son capaces de permitir el debate y escuchar a un grupo político con una representación similar a la que tiene el PSOE actualmente, que de manera discriminatoria gobierna en coalición con IU, formando un brazo armado de la izquierda que defiende el medio ambiente como si tuvieran un pedigrí especial, pero negándose de forma arbitraria a votar la urgencia de la moción”, denunció Francisco Tarifa.
El diputado provincial del PP afirmó que, tanto PSOE como IU, “son los únicos responsables de los posibles problemas de salud pública que se puedan generar en la Costa y las consecuencias, por ende, para el medio ambiente”.
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