La movilización ciudadana ha impedido este
martes que se ejecutara el desahucio de Dolores Ruiz, una mujer de 73
años denunciada por la sociedad de su propio hijo por el impago del
alquiler de su vivienda, ubicada en la calle Santiago, aunque la orden, dictada por el Juzgado de Instrucción 3, se ha aplazado hasta el próximo día 25 de este mes, a las
8,00 horas.
Dolores ha estado arropada en la mañana de este martes por vecinos, amigos, familiares e integrantes de Stop Desahucios de Granada, que le han mostrado su apoyo ante un lanzamiento que considera "injusto".
La vivienda de Dolores, que era la herencia de la familia, fue comprada por dos de sus hijos, a nombre de su empresa. La mujer, que está divorciada desde 1998 y no cobra prestación alguna, no cobró la parte que le correspondía, a cambio de tener el usufructo de la casa, para poder vivir allí.
Una vez acondicionada la casa y ya Dolores viviendo con normalidad, ante la falta de ingresos de su madre, su hijo Fernando decide arreglarle los papeles para que cobre aunque sea una pequeña pensión no contributiva. Dolores le firmó varios documentos para las gestiones que realizaría su hijo, que sin embargo no le contó, según la familia, que lo que suscribió era un contrato de alquiler entre la empresa y ella misma.
Según sus familiares, es el exmarido de Dolores el que está detrás de toda la operación pues fue obligado a pagarle una pensión por un juez, y alegó que le abonaba el alquiler mensual de la vivienda. A raíz de esto, apareció la demanda de desahucio realizada por la empresa de los otros dos hijos contra su madre "utilizando de nuevo el mismo contrato reclamando unas cantidades mensuales de alquiler", "aunque el que utiliza este contrato y monta este procedimiento de desahucio es en realidad el exmarido, y sus hijos lo consienten".
Dolores ha estado arropada en la mañana de este martes por vecinos, amigos, familiares e integrantes de Stop Desahucios de Granada, que le han mostrado su apoyo ante un lanzamiento que considera "injusto".
La vivienda de Dolores, que era la herencia de la familia, fue comprada por dos de sus hijos, a nombre de su empresa. La mujer, que está divorciada desde 1998 y no cobra prestación alguna, no cobró la parte que le correspondía, a cambio de tener el usufructo de la casa, para poder vivir allí.
Una vez acondicionada la casa y ya Dolores viviendo con normalidad, ante la falta de ingresos de su madre, su hijo Fernando decide arreglarle los papeles para que cobre aunque sea una pequeña pensión no contributiva. Dolores le firmó varios documentos para las gestiones que realizaría su hijo, que sin embargo no le contó, según la familia, que lo que suscribió era un contrato de alquiler entre la empresa y ella misma.
Según sus familiares, es el exmarido de Dolores el que está detrás de toda la operación pues fue obligado a pagarle una pensión por un juez, y alegó que le abonaba el alquiler mensual de la vivienda. A raíz de esto, apareció la demanda de desahucio realizada por la empresa de los otros dos hijos contra su madre "utilizando de nuevo el mismo contrato reclamando unas cantidades mensuales de alquiler", "aunque el que utiliza este contrato y monta este procedimiento de desahucio es en realidad el exmarido, y sus hijos lo consienten".
Lo que cuenta Stop Desahucios:
Dolores, que está divorciada desde 1998 y no cobra prestación alguna ni de su ex marido ni del Estado, tuvo que abandonar en el año 2005 el piso en el que residía en Alonso Terrón 6 de Motril (Las Explanadas), embargado y requisado por los bancos, por las deudas de su ex marido, Enrique Pérez González, de la empresa que regentaba, el antiguo concesionario FORD en Motril.
Ante esta situación, sus dos hijos, Fernando Pérez Ruiz y José Pérez Ruiz, compraron la casa de la que actualmente la desahucian, la cual precisamente era herencia de la familia de Dolores Ruiz para los cuatro hermanos.
Sus hijos compraron la casa a nombre de su empresa FERJOMA CAR, AUTOTIENDAS y Dolores Ruiz nunca cobró la parte correspondiente de la compra de la casa a cambio de vivir allí. Le hicieron una reforma y Dolores Ruiz comenzó a vivir de nuevo en la casa donde se crió, para el resto de su vida.
Usufructo es la palabra, pero nunca se firmó documento alguno entre los hijos y su madre porque la madre confiaba en sus hijos, como la mayoría de las madres, pero no contaba que detrás de la empresa de sus hijos estaba su ex marido, Enrique Pérez González, el cual manejaba todas las decisiones económicas de la empresa incluida la compra de esta casa.
Enrique Pérez, al no poder tener nada a su nombre debido al cierre de su antigua empresa Confesa Ford Motril, organizó su nueva empresa colocando a sus dos hijos como propietarios del negocio, y él, acondicionó la parte superior de la nave donde vive, instalando allí el despacho desde el que dirige la empresa.
Enrique Pérez compra, vende, contrata, despide y desahucia con el consentimiento de sus hijos. Para demostrar este consentimiento podríamos contar con cientos de personas que han visto con sus propios ojos quien manda verdaderamente en el negocio y del cual es ahora apoderado para desahucios en escrituras.
Una vez acondicionada la casa y ya Dolores viviendo con normalidad, ante la falta de ingresos de su madre, su hijo Fernando decide arreglarle los papeles para que cobre aunque sea una pequeña pensión no contributiva. Dolores le firma varios documentos para las gestiones que realiza su hijo, casi sin mirar como hacen las madres con sus hijos. Firma aquí. Firmando aquí un contrato de alquiler entre FERJOMA (sus hijos) y su madre sin consentimiento ni conocimiento de Dolores Ruiz y donde su hijo Fernando utiliza la relación normal y cordial que existía entre madre e hijo.
De este documento nunca se supo que existía hasta que apareció en las actuales demandas.
De repente Fernando deja de informar sobre la evolución de la petición de la paga no contributiva y abandona la gestión. Cosa que hemos sabido después que fue porque la Junta de Andalucía le dijo que había que ejecutar la sentencia de divorcio contra su padre. María del Mar, hija de Dolores Ruiz, decide retomar el papeleo donde lo dejó su hermano Fernando.
La contestación de la Junta de Andalucía es que “Dña. Dolores Ruiz no puede cobrar pensión alguna porque para la administración, Dña. Dolores cobra una pensión de alimentos de 500 euros de su divorcio, por lo cual le rechaza la petición de la paga no contributiva”. La única solución para que cobrara pensión alguna era ejecutar la sentencia de divorcio para tener una sentencia de un juez que dictamine la obligación de pago de su ex marido.
Un familiar de Dolores media con Enrique Pérez para evitar esta ejecución y llegar a un acuerdo en el que el dijese que no podía pagar, pero en reiterados intentos él se niega en rotundo y amenaza diciendo que lo demanden. Demanda que se interpuso con una sentencia a favor de Dolores en el que él tiene obligación de pago puesto que cobra pensión. En el transcurso de este procedimiento aparece por primera vez el contrato de alquiler que sin conocimiento lo firmó Dolores Ruiz y del cual nunca antes se tuvo conocimiento que existiera. En su estrategia con su intención de negar toda posibilidad a su ex mujer Enrique Pérez se defiende diciéndole al juez que él pagaba el alquiler de la casa de su ex mujer de la calle Santiago 37 presentando ese contrato entre Ferjoma y sus hijos. HE AQUÍ LA MANIOBRA DE ENRIQUE PEREZ Y SU HIJO FERNANDO. Aun así pierde la demanda ENRIQUE PEREZ.
A raíz de esto, aparece la demanda de desahucio realizada por Ferjoma car (sus dos hijos) contra su madre utilizando de nuevo el mismo contrato reclamando unas cantidades mensuales de alquiler. Aunque el que utiliza este contrato y monta este procedimiento desahucio es Enrique Pérez, y sus hijos lo consienten siendo cómplices de esta situación tan injusta para su MADRE puesto que ella nunca tuvo que pagar alquiler alguno puesto que tenía derecho a vivir en su casa por el usufructo.
Fernando Pérez es el administrador único de la sociedad Ferjoma car , AUTOTIENDAS y el que tiene poder de representar a la sociedad. EL es el que otorga a su padre un limitado poder nombrándolo apoderado de la empresa para desahucios y es de esta manera Enrique Pérez el que representa a la sociedad en esta demanda de desahucio.
Sus hijos saben que Dolores ha sido siempre una persona que ha sacrificado su bienestar y sus intereses por el bienestar e intereses de todos sus hijos y sus hermanos y familiares cercanos. Aprovechándose de ello y sin ni siquiera tener en cuenta que su madre padece del corazón incluso llevando un marcapasos.
Existe una demanda interpuesta por Dolores Ruiz Molina contra FERJOMA CAR de nulidad del contrato y usufructo de la vivienda. Y en ella se pidieron unas medidas cautelares celebradas el día 29/03/2014 pidiendo paralizar el desahucio, dar el contrato por nulo y que FERJOMA no pueda vender la casa hasta que se aclare en esta demanda la verdad. El juez ha dictaminado que no se espera a que salga ese juicio que va a tardar cuatro o cinco meses y que se proceda al desahucio inmediato.
Ante esta injusticia y este sufrimiento de Dolores os pedimos vuestra ayuda para que no tenga que vivir de nuevo la salida de su casa pero agravada con el hecho de que sean sus hijos los que lo consientan.
Es muy duro para una madre que ha vivido y criado a sus hijos y que siempre ha sido entrañable la relación con ellos y lo ha dado todo por ellos, para que al final de su vida se rompan la relación con ella y se vea en la calle por culpa de un exmarido y unos hijos cuya conducta se califica por si sola.
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