Rocío Ruiz comparece en Comisión para hacer balance del plan
de choque e informar del Pacto de Estado que se reclama al Gobierno central
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación,
Rocío Ruiz, ha comparecido hoy en Comisión parlamentaria para informar acerca
de la situación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia tras la
puesta en marcha del plan de choque, así como sobre el Pacto de Estado
propuesto al Gobierno central para proteger y garantizar dicho Sistema.
Durante su intervención, ha destacado que su departamento ha
abonado más de 1.200 millones de euros (1.217.656.657,93 euros) en todo 2019 en
prestaciones y servicios de Dependencia. “En concreto, hemos pagado más de 531
millones de euros a las entidades locales, más de 375,7 millones a las
entidades del Tercer Sector, y cerca de 287 millones a personas beneficiarias
de prestaciones económicas”, ha detallado.
Por provincias, las entidades locales y sociales de la
provincia de Almería han recibido más de 104,5 millones de euros; las de Cádiz
más de 162,2 millones; las de Córdoba un total de 127,9 millones de euros; a
las entidades de la provincia de Granada se les ha abonado unos 134 millones de
euros; a la provincia de Huelva se ha destinado 111,3 millones de euros;
entidades locales y sociales de la provincia de Jaén han recibido más de 128,8
millones de euros; las de Málaga un total de 189,5 millones de euros y las
entidades de Sevilla 255,4 millones de euros.
Además, la consejera ha subrayado que “desglosado por
prestaciones de servicio, hemos abonado más de 444 millones a Ayuda a Domicilio
(en 2018 fueron 374 millones), más de 358 a Atención Residencial, más de 88
millones a Unidades de Estancia Diurna y 3,8 millones a Respiro Familiar, entre
otras”.
Por otra parte, Ruiz ha resaltado que gracias al plan de
choque “hemos alcanzado máximos históricos en el número de personas atendidas
(220.375 personas beneficiarias a cierre del año pasado) y 293.661
prestaciones, de las que el 75,4% corresponden a servicios, que supera la media
nacional (69,7%) y 24,6% a prestaciones económicas”.
Además, entre abril y diciembre de 2019, se ha producido un
incremento neto de 10.071 personas beneficiarias y 16.652 prestaciones. La
responsable de las políticas sociales en Andalucía ha señalado a modo de
balance que “el año pasado se han grabado un total de 114.143 solicitudes tanto
iniciales como de revisión, frente a las 90.161 grabadas en 2018”.
A este incremento en la grabación de solicitudes hay que
sumar la subida en el número de solicitudes iniciales presentadas en 2019, una
media de 329 solicitudes mensuales más que en 2018. Por ello, la titular de
Igualdad ha advertido que “en 2019 se ha valorado más, por tanto, la subida de
la lista de espera no se debe a una peor gestión sino todo lo contrario, a una
gestión mejor y más transparente”.
Pacto de Estado
Durante su comparecencia en Comisión, Rocío Ruiz ha detallado
también sobre el acuerdo aprobado esta semana por el Consejo de Gobierno por el
que se insta al Ejecutivo central a realizar un Pacto de Estado en defensa y
garantía del Sistema de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
La consejera ha explicado que el documento presentado
plantea ocho cuestiones como contenidos mínimos a abordar en el Pacto de
Estado. “En primer lugar, se plantea establecer una garantía de la financiación
del sistema de atención de manera equitativa entre la Administración General
del Estado y las distintas Comunidades Autónomas, de manera que cada
administración financie el 50% del presupuesto”, ha señalado. En la actualidad,
Andalucía está asumiendo el 82% de la financiación del Sistema de Dependencia.
Además, para poder establecer un sistema de financiación
ajustado a la realidad, que éste sea sostenible en el tiempo y capaz de dar
respuesta solvente al envejecimiento de la población con los niveles de la
dependencia esperados, es fundamental la revisión de los cálculos
manifiestamente erróneos recogidos en el Libro Blanco de la Dependencia de
España (2004) en los que se basó la redacción de la actual Ley de la
Dependencia. Si se comparan dichas previsiones con la realidad de la aplicación
de la Ley, resulta evidente que se ha producido una infrafinanciación del
Sistema por parte de los Gobiernos de España que, a su vez, supone un
incumplimiento grave y continuado del artículo 9, artículo 32 y la disposición
adicional primera de la Ley de Dependencia.
“También proponemos el establecimiento de recursos reales,
efectivos y evaluables que favorezcan la autonomía personal y la prevención de
la dependencia. Asimismo, es necesaria la inclusión de recursos de atención
para personas con patologías potencialmente cronificables”, ha reiterado la
consejera.
La titular de Igualdad ha resaltado que “creemos necesario
reconocer en la cartera de servicios de prestación para la dependencia para
personas con discapacidad a los mayores de 65 años, para que no tengan que abandonar
los recursos de atención”. “También debemos definir un sistema de atención
integrado, que asegure una aplicación análoga de la Ley de Dependencia en todo
el territorio nacional. Para ello, planteamos crear una caja única y un Fondo
de Garantía de la Dependencia que garantice la financiación del Sistema”, ha
subrayado.
Por último, ha explicado que “es necesario, además, unificar
y simplificar los procedimientos, y revisar la intensidad de protección de los
servicios. Y demandamos también una reestructuración del Consejo Territorial de
Servicios Sociales y del Sistema de Atención a la Dependencia”.
La consejera ha instado a las diferentes fuerzas políticas,
colectivos, agentes sociales, así como cualquier otra entidad representativa de
intereses de las personas en situación de dependencia, a la adhesión a dicho
Pacto de Estado, así como formular propuestas de desarrollo del mismo.
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