§ La delegada del Gobierno explica los fondos aprobados
hoy en Consejo de Ministros del Fondo Social Extraordinario atenderán a
personas mayores, dependientes, personas sin hogar y familias monoparentales
§ Además, se destinan 4,3 millones de euros para
garantizar el derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de
vulnerabilidad
El Consejo de
Ministros ha aprobado destinar 56,1 millones de euros a Andalucía para ayudar
de las familias más vulnerables frente al COVID-19. El Gobierno ha dado luz
verde a un Fondo Social Extraordinario de 300 millones de euros que se
distribuirán entre las Comunidades Autónomas para reforzar políticas sociales y
atender a las familias, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad
como personas mayores, dependientes, personas sin hogar o familias
monoparentales, entre otros.
Por otro lado,
ha aprobado el Fondo de Alimentación Infantil, con 25 millones de euros que fue
aprobado por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. Andalucía recibirá 51.718.498 euros del
primero y 899.250 euros del segundo, “cumpliendo así con el compromiso del
Gobierno de atender a los más vulnerables”, ha señalado la delegada del
Gobierno en Andalucía, Sandra García. La comunidad es la que obtiene mayor
volumen de ayudas con el 17,2%. Para el reparto se ha tenido en cuenta el
número de habitantes, el envejecimiento de la población y la dispersión.
Los 51,71
millones de euros permitirán financiar proyectos destinados a reforzar los
servicios de proximidad de carácter domiciliario, de telasistencia domiciliaria,
atender en el domicilio, en caso de ser necesario, los servicios de
rehabilitación, así como adquirir medios de prevención y ampliar las plantillas
de centros de servicios sociales o centros residenciales. ”Desde el Gobierno de
España nos empeñamos en diseñar e implementar las medidas que sean necesarias
para que nadie se quede atrás y por garantizar que se cubran las necesidades
básicas de aquellas familias que hasta hace un mes ya sufrían”, ha añadido la
delegada.
La delegada del
Gobierno de España en Andalucía, Sandra García, ha subrayado hoy que la
Administración central “está respondiendo al compromiso que adquirió el
presidente Pedro Sánchez para atender a los más vulnerables y damnificados por
las consecuencias que pueda tener el COVID-19” y ha añadido que “así se ha
cumplido hoy con la aprobación, en Consejo de Ministros, de 325 millones de
euros, de los que 56 millones darán cobertura a las familias en Andalucía”.
A este fondo, ha
explicado, “se suman otros 25 millones de euros para garantizar la alimentación
a niños y niñas desprovistos del comedor escolar que hasta ahora tenían becado
y al que no pueden acceder debido al cierre de los centros escolares”, una
cantidad que para Andalucía supondrá 4,3 millones de euros de ayudas destinadas a garantizar el derecho básico de
alimentación a niños y niñas en situación de vulnerabilidad que se encuentren
afectados por el cierre de centros educativos, según el Real Decreto-ley
7/2020, de 12 de marzo. El reparto,
acordado en el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales, trata de
garantizar este derecho básico.
Se trata de
niños que recibían en sus centros educativos una beca-comedor, y que ante el
cierre de los mismos, se encuentran desprovistos de esta comida esencial. Las
ayudas podrán consistir en transferencias económicas directas o la prestación
directa de distribución de alimentos. Serán beneficiarias las familias con
alumnado desde educación infantil hasta secundaria a quienes las comunidades
autónomas o los servicios sociales municipales hayan concedido becas o ayudas
para el comedor escolar durante el presente curso académico. Las ayudas se
prolongarán mientras permanezcan clausurados los centros educativos, sin
perjuicio de su revisión en función de la duración de esta circunstancia.
“La lucha contra
la pobreza infantil es uno de los compromisos que han marcado la agenda del
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde junio de 2018, ya que no podemos
considerarnos un país avanzado mientras haya niños que no tengan ese derecho
fundamental cubierto”, ha recordado Sandra García, que ha hecho hincapié en que
“ese compromiso adquiere aún más sentido y fuerza en esto momentos de
solidaridad”.
Línea de avales para garantizar la liquidez de
empresas y autónomos
El Consejo de
Ministros también ha aprobado hoy el Acuerdo que recoge las características del
primer tramo, por importe de hasta 20.000 millones de euros, de la Línea de
Avales para empresas y autónomos. El Gobierno da así cumplimiento al compromiso
con las empresas, especialmente con los trabajadores autónomos y las pymes, de
poner en marcha las medidas necesarias para garantizar su liquidez y preservar
la actividad productiva y el empleo.
La Línea de
Avales garantizará los nuevos préstamos y las renovaciones concedidas por
entidades financieras a empresas y autónomos para atender las necesidades de
financiación derivadas, entre otros, de pagos de salarios, facturas, necesidad
de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de
vencimientos de obligaciones financieras o tributarias.
Esta Línea será
gestionada por el Instituto de Crédito Oficial, en colaboración con las
entidades financieras. Podrán solicitar estos avales las empresas y autónomos
afectados por los efectos económicos del COVID-19, siempre que los solicitantes
no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en
procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020. Los avales tendrán carácter
retroactivo y podrán solicitarse para las operaciones formalizadas con
posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020, que se produjo
el pasado día 18 de marzo.
El aval
garantizará el 80% de los nuevos préstamos y renovaciones de operaciones
solicitadas por autónomos y pymes. Para el resto de empresas, el aval cubrirá
el 70% del préstamo nuevo concedido y el 60 de las renovaciones. El aval
emitido tendrá una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un plazo
máximo de cinco años. El coste del aval, de entre 20 y 120 puntos básicos, será
asumido por las entidades financieras.
Las empresas y
autónomos interesados podrán solicitar la garantía para sus operaciones hasta
el 30 de septiembre de 2020 dirigiéndose a las entidades financieras con las
que el ICO haya suscrito los correspondientes acuerdos de colaboración. Las
entidades financieras se comprometen a mantener los costes de los nuevos
préstamos y de las renovaciones que se beneficien de estos avales en línea con
los costes aplicados antes del inicio de la crisis del COVID-19. También asumen
el compromiso de mantener, al menos hasta el 30 de septiembre de 2020, los
límites de las líneas de circulante concedidas a todos los clientes y, en
particular, a aquellos clientes cuyos préstamos resulten avalados.
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