El Ayuntamiento de Almuñécar pretende cortar por lo sano con las polémicas licencias urbanísticas que concede aplicando la normativa prevista en el PGOU de 1987 y ha acordado que a partir de ahora, las solicitudes de licencias de obras presentadas al Consistorio sexitano “sean remitidas a la mayor brevedad, a la delegación provincial de la Consejería de Obras Públicas para que ésta emita informe en el plazo de un mes”.
Así lo ha previsto y recogido en la Junta de Gobierno Local tras el informe elevado por los responsables locales de Urbanismo.
También advierte a la Junta en el acuerdo, del que se ha dado traslado a la entidades de conservación y asociaciones de vecinos, que si “una vez recibido el informe de la referida delegación, o transcurrido un mes desde su remisión, en otro caso, “se proceda a su informe por los servicios técnicos municipales, a la vista del mismo a la resolución de la solicitud presentada”, según.
Y es que los trabajadores pertenecientes a los servicios técnicos municipales del Ayuntamiento de Almuñécar, están ya hartos y por ello muestran
“su inquietud e intranquilidad” porque, de un tiempo a esta parte y como consecuencia del trabajo que desempeñan relacionado con la emisión de informes urbanísticos previos a los actos de concesión de licencias, “venimos comprobando el incremento que, paulatinamente, la Consejería de Obras Públicas y Transportes lleva a los tribunales de lo contencioso, e incluso a los de lo Penal amen de una continua desinformación y mal enfoque por la prensa”, dice el documento.
Según los técnicos municipales, los informes los siguen realizando como siempre, basados en el cumplimiento de un PGOU con veinte años de vigencia, “sin que el criterio para su aplicación haya variado y hasta fecha muy reciente la Junta de Andalucía en ningún caso había cuestionado. Parece, añaden, como si súbitamente todos fuéramos unos zoquetes y no supiéramos informar o, lo que es peor, unos corruptos prevaricadores”.
Ante esta situación propone al órgano de gobierno municipal “que los expedientes que se presenten en lo sucesivo en solicitud de licencia de obras, se remitan a la Consejería de Obras Públicas y Transportes, para que, por los servicios técnicos de la misma se emitan informes sobre la adecuación a la normativa vigente”.
En opinión de los técnicos firmantes, con esta propuesta “se aunarían criterios y se evitaría la proliferación de un mayor número de contencioso administrativos instados por la Junta de Andalucía ya que, son precisamente los informes a posteriori de esos servicios técnicos de la Consejería, los que provocan la situación actual que da motivo a este escrito y que genera una situación de manifiesta discrepancia y de inseguridad jurídica sobre los criterios de los informes profesionales en la aplicación de la normativa prevista en el PGOU de 1987 y en quienes de buena fe solicitan la preceptiva licencia de obras”, sentencian.
Así lo ha previsto y recogido en la Junta de Gobierno Local tras el informe elevado por los responsables locales de Urbanismo.
También advierte a la Junta en el acuerdo, del que se ha dado traslado a la entidades de conservación y asociaciones de vecinos, que si “una vez recibido el informe de la referida delegación, o transcurrido un mes desde su remisión, en otro caso, “se proceda a su informe por los servicios técnicos municipales, a la vista del mismo a la resolución de la solicitud presentada”, según.
Y es que los trabajadores pertenecientes a los servicios técnicos municipales del Ayuntamiento de Almuñécar, están ya hartos y por ello muestran
“su inquietud e intranquilidad” porque, de un tiempo a esta parte y como consecuencia del trabajo que desempeñan relacionado con la emisión de informes urbanísticos previos a los actos de concesión de licencias, “venimos comprobando el incremento que, paulatinamente, la Consejería de Obras Públicas y Transportes lleva a los tribunales de lo contencioso, e incluso a los de lo Penal amen de una continua desinformación y mal enfoque por la prensa”, dice el documento.
Según los técnicos municipales, los informes los siguen realizando como siempre, basados en el cumplimiento de un PGOU con veinte años de vigencia, “sin que el criterio para su aplicación haya variado y hasta fecha muy reciente la Junta de Andalucía en ningún caso había cuestionado. Parece, añaden, como si súbitamente todos fuéramos unos zoquetes y no supiéramos informar o, lo que es peor, unos corruptos prevaricadores”.
Ante esta situación propone al órgano de gobierno municipal “que los expedientes que se presenten en lo sucesivo en solicitud de licencia de obras, se remitan a la Consejería de Obras Públicas y Transportes, para que, por los servicios técnicos de la misma se emitan informes sobre la adecuación a la normativa vigente”.
En opinión de los técnicos firmantes, con esta propuesta “se aunarían criterios y se evitaría la proliferación de un mayor número de contencioso administrativos instados por la Junta de Andalucía ya que, son precisamente los informes a posteriori de esos servicios técnicos de la Consejería, los que provocan la situación actual que da motivo a este escrito y que genera una situación de manifiesta discrepancia y de inseguridad jurídica sobre los criterios de los informes profesionales en la aplicación de la normativa prevista en el PGOU de 1987 y en quienes de buena fe solicitan la preceptiva licencia de obras”, sentencian.
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