La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha convocado una jornada
de acción y solidaridad para el próximo 14 de noviembre. Esta Jornada europea
adoptará diversas formas: huelgas, manifestaciones, concentraciones y otras
acciones.
Ante este acontecimiento
importante e histórico para la vida de los trabajadores y trabajadoras de Europa y para quienes sufren
la lacra del desempleo, nosotros como
Movimientos Cristianos en el mundo obrero de España y Portugal, nos alegramos
por esta jornada europea y hacemos pública nuestra posición.
Las tasas de pobreza y exclusión de nuestros países del sur de Europa
están aumentando a un ritmo vertiginoso. Hay un ataque en toda regla a los
derechos sociales y a la protección de las personas y familias trabajadoras con
el argumento de priorizar el pago de la deuda. Una deuda que es ilegítima al
proceder de préstamos que fueron concedidos y gestionados de manera dudosa, que
atentan contra la dignidad de la vida de la ciudadanía, y ponen en peligro la
convivencia pacífica entre los pueblos. La política europea, que tomó medidas
desastrosas en algunos de los estados miembros, ha declarado como prioridad la
salvación del sistema financiero y de los bancos, en lugar de rescatar a las
personas. La deuda pública se está convirtiendo en un mecanismo de trasvase de
riqueza de pobres a ricos. Por eso, cada vez hay más personas con empleos
precarios o que no encuentran trabajo y con un futuro incierto, especialmente
los jóvenes.
Entendemos que pese a la situación que estamos sufriendo, no podemos
ni debemos olvidar a nuestros hermanos y hermanas de los países más
empobrecidos de Europa del Este y de nuestro planeta. Lo que aquí empezamos a
sufrir es lo que está sucediendo, sobre todo en el Sur, desde hace décadas,
donde la deuda externa se ha cobrado millones de vidas, abocando al hambre y la
esclavitud a miles de personas, familias y países enteros.
Las consecuencias de estas decisiones afectan al conjunto de la
sociedad pero, de manera más dura, a los sectores del mundo del trabajo más
débiles y empobrecidos. Estas consecuencias llevan al empobrecimiento
generalizado y a la pérdida de cohesión social y de horizonte vital. Los grupos
más castigados son los inmigrantes, los
jóvenes, las mujeres y parados de larga duración...
Este año en la Iglesia celebramos “el Año de la fe”. Como parte de
ella, se nos invita a profundizar en el Catecismo de la Iglesia, en donde
leemos: “La regulación de la economía únicamente por la ley de mercado
quebranta la justicia social, porque «existen numerosas necesidades humanas que
no pueden ser satisfechas por el mercado». Es preciso promover una regulación
razonable del mercado y de las iniciativas económicas, según una justa
jerarquía de valores y con vistas al bien común.” (CIC, 2425)
Nosotras y nosotros, que formamos parte de estos movimientos,
entendemos que quien debe promover esta regulación razonable del mercado, son
los gobiernos. Pero en la situación actual, nuestros gobiernos son súbditos de
la situación financiera y la única salida que nos están ofreciendo son
políticas de recortes, que rebajan claramente los derechos de los trabajadores
respecto a situaciones anteriores. Lo peor es que en los últimos años de
nuestras democracias siempre pierden en el concierto social los mismos, y
siempre los más débiles.
Por eso, la primera vía para intentar revertir esta situación de
conflicto es el diálogo. Cuando éste no es posible, la propia Iglesia reconoce
la legitimidad del recurso a “la huelga no violenta, cuando se presenta como el
instrumento necesario, en vistas a unas mejoras proporcionadas y teniendo en
cuenta el bien común” (CIC, 517) La política que se está desarrollando ha
olvidado el sentido de la justicia y un trabajo en defensa de la fraternidad y
el bien común.
Precisamente por esta razón, entendemos que esta convocatoria de
huelga general y las movilizaciones en toda Europa están justificadas. Las
políticas al servicio de las personas y de sus necesidades básicas deberían ser
prioridad, por encima de los intereses de los mercados.
Una de las terribles consecuencias que ha provocado esta involución y
regresión social, es la aparición de un sentimiento generalizado de miedo. Un
estado de miedo e incertidumbre que se ha instalado para condicionar las
expectativas y proyectos personales y familiares de las personas: miedo a
perder el empleo, asumiendo así todo tipo de precariedad, miedo a las
represalias por cualquier acción de protesta, miedo igualmente a secundar una
convocatoria de huelga...
Mientras esto sea así, entendemos que hay legitimidad para actuar en
defensa de los derechos de las personas y familias trabajadoras. A su vez
reivindicamos, en el marco de esta Jornada europea de acción y solidaridad, el
papel de la política y, en especial, de los sindicatos, que son la principal
defensa organizada de los trabajadores.
Por todo ello, pedimos a los políticos, sindicatos, empresarios,
entidades financieras y a los distintos expertos, que actúen con
responsabilidad ante la gravedad de la situación actual, que puede empeorarse
en el caso de que olviden este principio básico de humanidad: “las necesidades
de los pobres deben tener preferencia sobre los deseos de los ricos; los
derechos de los trabajadores, sobre el incremento de los beneficios” (Juan
Pablo II, Toronto 1984)
Queremos acabar invitando a vivir las palabras de nuestros obispos, al
finalizar el reciente Sínodo sobre la Nueva Evangelización, celebrado en
octubre: “Al mundo de la economía y del trabajo queremos recordar como de la
luz del Evangelio surgen algunas llamadas urgentes: liberar el trabajo de
aquellas condiciones que no pocas veces lo transforman en un peso insoportable
con una perspectiva incierta, amenazada por el desempleo, especialmente entre
los jóvenes, poner a la persona humana en el centro del desarrollo económico y
pensar este mismo desarrollo como una ocasión de crecimiento de la humanidad en
justicia y unidad.”
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