La Junta de Andalucía reservará el 5% de sus
contratos relacionados con servicios como logística, jardinería o lavandería a
los centros especiales de empleo, empresas que cuentan en su plantilla con un
mínimo del 70% de trabajadores con discapacidad y que actualmente suman 537 en
el conjunto de la comunidad. Esta es una de las principales medidas recogidas
en el anteproyecto de ley que reforzará los derechos sociales de este
colectivo, integrado por más de 700.000 andaluces (mujeres en un 61%).
Así lo ha puesto de manifiesto el delegado
territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en
Granada, Higinio Almagro, al presentar el inicio de los trámites para la
elaboración de esta norma, que sustituye a la vigente desde 1999 y establece
con carácter general cláusulas de acción positiva a favor de las personas con
discapacidad en las contrataciones públicas.
La futura Ley de los Derechos y la Atención a las
Personas con Discapacidad tendrá como principales objetivos primar la garantía
de derechos más allá del enfoque asistencial, con especial atención a mujeres y
menores; priorizar las políticas de empleo dirigidas a la igualdad de
oportunidades, y garantizar la accesibilidad universal en sanidad, educación,
vivienda, ocio, formación o servicios sociales.
La nueva normativa obligará a la Junta a elaborar
un plan específico de empleo para este colectivo, afectado por una tasa de paro
del 43%, y a reservarle un 3% de las plazas en los cursos de formación y de al
menos un 5% de las de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo.
A la vigente reserva del 7% de plazas en las
ofertas de empleo público, el anteproyecto añade obligaciones específicas de
organización y adaptación de estos puestos y de sus dependencias y equipamiento
físico.
Entre los derechos regulados en la nueva normativa
destaca el de la igualdad de oportunidades y no discriminación, que contará con
un régimen sancionador autonómico con multas que oscilan entre los 301 euros de
las faltas leves a los 300.000 para las muy graves que supongan la prohibición
de acceso o la carencia de espacios reservados para personas con discapacidad.
Discapacidad en Granada
En
la provincia de Granada residen más de 50.300 personas con discapacidad, según
el delegado del área, este número se reparte prácticamente al 50% entre hombres
y mujeres, “mayoritariamente en la franja de edad comprendida entre los 19 y
los 64 años y también mayoritariamente afectados por una discapacidad de
carácter físico”, según datos del Centro de Valoración y Orientación de las
Personas con Discapacidad de la Junta en Granada. Un centro que gestiona cada
año en torno a los 8.000 expedientes.
Los datos ofrecidos por Almagro cifran en 26.845 personas las afectadas
por una discapacidad física; 9.817, psíquica; 3.350, sensorial y 10.383, mixta.
Los cupos de edad con más personas en ellos son los que comprenden desde los 19
y hasta los 64 años (25.618 personas) y el de más de 65 años (21.966 personas).
Por grado de afectación, 24.269 personas presentan un grado de
discapacidad de entre el 33 y el 64% y el resto, 26.126 de entre el 65 y el
100%; independientemente del tipo de discapacidad si bien por su número son
mayoritariamente físicas, seguidas de discapacidad mixta, psíquica y sensorial.
Garantías
Entre otras garantías, sanitarias y sociales, la nueva Ley de los
Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad obligará a regular por
decreto en el plazo máximo de un año la atención temprana infantil para menores
de seis años. De este modo, se garantizará la respuesta integral a las
necesidades de esta población con trastornos de desarrollo o con riesgo de
padecerlos, un servicio que actualmente presta la Junta a más de 16.000 niños.
La futura normativa también mantendrá la
posibilidad de que la Administración autonómica otorgue prestaciones económicas
complementarias a las estatales para las personas en situación de necesidad y
subvenciones que favorezcan la inclusión social.
La futura normativa también determinará medidas
adicionales a las ya existentes en las normas sanitarias a fin de garantizar el
derecho de las personas con discapacidad a recibir una atención igualitaria.
Para ello, se establece, entre otras cuestiones, la necesidad de ofrecer
formación y protocolos de actuación específicos para los profesionales.
El texto
normativo consta de 72 artículos, distribuidos en un título preliminar y once
títulos que regulan los principios de actuación, instrumentos de gobernanza y
medidas a desarrollar para facilitar la inclusión social de las personas con
discapacidad. La norma se completa con cuatro disposiciones adicionales, una
transitoria, una derogatoria y dos finales.
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