Martín Arcos
asegura que es “un auténtico atropello al mundo rural”
El PSOE de Granada ha acusado a la Junta de Andalucía de ser
“verdugo” de las oficinas liquidadoras en la provincia, al reducirlas
de 10 a 3, y ha pedido la firma de un nuevo convenio con los
Registradores de la Propiedad de Andalucía que garantice su mantenimiento, con
“todas las atribuciones y prestaciones que tenían en el anterior
acuerdo y manteniendo todos los puestos de empleo que tenían”.
Tras el cierre de 10 de ellas y la reducción de competencias
y servicios que han sufrido las tres oficinas que continuarán su labor,
el parlamentario andaluz Juan José Martín Arcos ha explicado
que el Gobierno andaluz de las derechas “no ha hecho nada”, toda
vez que sabía que el pasado 31 de diciembre de 2019 expiraba la vigencia
del convenio de la Junta con los Registro de la Propiedad de julio de
1999 para la
gestión, liquidación y recaudación de los Impuestos de
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto
de Sucesiones y Donaciones.
“Se trata de unas oficinas que prestan un servicio cercano y
eficiente a
los contribuyentes granadinos”, ha dicho el socialista que
ha apuntado
que el Ejecutivo del PP y C’s ha decidido “acabar con las
oficinas de
Baza, Huéscar, Iznalloz, Montefrío, Santa Fe, Loja, Alhama
de Granada,
Órgiva, Albuñol y Ugíjar, y restringirle competencias a las
de Motril,
Almuñécar y Guadix”.
Según ha remarcado Martín Arcos, esta situación se verá
agravada por los
“largos desplazamientos que va a provocar”, ya que los
usuarios de las
oficinas de Montefrío y Santa Fe tendrán que desplazarse a
la oficina de
Almuñécar o a la Gerencia Provincial de Hacienda en la
capital, los de
Baza, Iznalloz y Loja harán lo propio hasta la de Guadix o
la de la
capital, y los de Albuñol, Alhama de Granada, Huéscar,
Órgiva y Ugíjar
acudirán a la oficina de Motril o la capital.
“Esta reforma planteada por el Gobierno del PP y C’s es un auténtico
atropello al mundo rural porque va a perjudicar de manera
singular a las
personas mayores. Donde había cercanía y proximidad, van a
imponer
lejanía y dificultad, acabando con la función social que
cumplían las
oficinas liquidadoras”, ha expuesto.
“Las derechas dejan a uno de cada tres granadinos y
granadinas sin este
servicio, por lo que pasarán a ser ciudadanos y ciudadanas
de segunda”,
ha señalado el socialista para agregar que “esto no es más
que un nuevo
golpe a las políticas contra el fenómeno de la
despoblación”.
Asimismo, ha lamentado que el cierre o vaciado de
competencias de estas
oficinas liquidadoras haya generado “incertidumbre” entre
los empleados
y empleadas que se dedican a esta labor. De ahí, que haya
abogado por
mantener “todos los puestos de trabajo que tenían hasta
ahora”.
Rechazo a la propuesta del Gobierno andaluz
Por todo ello, Martín Arcos ha recalcado que el PSOE de
Granada rechaza
la propuesta del Gobierno andaluz para la modificación del
convenio que
regula el funcionamiento de las oficinas liquidadoras en
esta tierra,
para lo que el Grupo Parlamentario presentará una
Proposición No de Ley
en el Parlamento andaluz y mociones en los ayuntamientos de
la provincia
en defensa de dichas oficinas.
El planteamiento del PP y C’s contempla que la mayoría de
estas oficinas
se queden como meros registros de entrada, con horario
reducido de
atención al público, obligando al contribuyente a pedir cita
previa para
ser atendido y dejando de prestar el servicio de asesoramiento
para
realizar la declaración del impuesto sobre la Renta de las
Personas
Físicas como lo venían haciendo.
Por último, el socialista ha lamentado que la Junta pretenda
con esta
medida “empobrecer aún más a las zonas rurales, aquellas que
merecen los
mismos servicios y oportunidades que cualquier otro
territorio”, y ha
recordado que “ya de por sí, están muy castigados por el
recorte de
servicios públicos en materia educativa o sanitaria que ha
llevado a
cabo el actual Gobierno de las derechas”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario